La defensa del médico será notificada hoy de la resolución
El caso Magga fue la noticia de más impacto del 2006 y el culebrón parece haber llegado a su fin. La Justicia Penal de San José archivó el expediente del caso del médico de Libertad Diego Magga, quien durante el 2006 fuera expulsado de FEMI bajo la acusación de suministrar dosis letales de morfina en pacientes no terminales.
El fallo del caso fue entregado por el tribunal de ética de la institución. La resolución fue emitida por la jueza Adriana De los Santos a pedido del fiscal Ariel Cancela, quien venía examinando el expediente desde la última instancia judicial que ocurrió en diciembre cuando Magga declaró por segunda vez en la sede de calle “33”. Las informaciones trascendidas en ámbitos judiciales indican que el informe del Instituto Técnico Forense fue “fundamental” en la argumentación que presentó la Fiscalía. Incluso, aseguran que la vista del Ministerio Público contiene elementos clave que marcan la distinción entre eutanasia pasiva y activa. El documento del ITF determinó que los pacientes “en algún momento de la evolución se transformaron en terminales agónicos” y que “el plan terapéutico de sedación / analgesia utilizado, en ninguno de los casos fue gradual y las dosis utilizadas dejan entrever la intencionalidad de acortar la agonía (alivio del sufrimiento) mediante el uso del principio del doble efecto (eutanasia)”. Cabe recordar que un tribunal d
e Ética de FEMI había resuelto en julio del año pasado la expulsión de Magga, luego de analizar cuatro casos atendidos por el galeno en el hospital de Libertad. Ese informe fue presentado al Ministerio de Salud Pública que elevó el tema a la Justicia.
Por aquellas días, el órgano del FEMI había dado a conocer un severo informe contra el médico de Libertad, Diego Magga, tras analizar las denuncias relacionadas con su actuación en el Hospital libertense incurriendo en una presunta aplicación a cuatro pacientes no terminales de “medicamentos que causalmente le provocaron la muerte” cuando “la administración de los mismos carecía de un finalidad terapéutica”. El polémico caso (entre defensores y detractores, igualmente incondicionales), pasaría a la justicia y de inmediato se convertiría en noticia central de todos los espacios informativos televisivos, radiales y gráficos nacionales, con vuelcos legales constantes y que aún hoy persisten sin que se llegue a un fallo final. De allí en más, el concepto de “eutanasia” pasaría a ser tema excluyente de todos los foros de discusión del país. Durante lo que quedó del año y con e
l debate instalado, la “D” y la “M” de sus iniciales se introdujeron en la opinión pública –desde lo mediático- en dos apodos antagónicos: “Doctor Muerte” y “Doctor Misericordia”. El profesional no asistiría a la primera citación en el Juzgado y ante la incertidumbre de su paradero se libró un pedido de captura. Un mes mas tarde, un millar de personas manifestaría en su ciudad natal proclamándolo “inocente” y denunciando que todo era producto de una persecución de la Directora del nosocomio, Marta Zerbino, por un conflicto personal. La vuelta a San José para prestar declaración ocurrió en los primeros días de septiembre. Magga declaró por última vez, por espacio de cuatro horas, a principios del mes en curso sin que hubieran definiciones pero en medio de un ambiente de optimismo de parte de su defensa (Dra. Martínez Burlé) que aseguró que “la inocencia (del defendido) está probada.”